CDMX.– El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó recientemente una serie de restricciones para garantizar que las campañas electorales y la veda electoral se lleven a cabo bajo los principios de imparcialidad y equidad. Entre las principales medidas, destaca la prohibición de que los funcionarios y gobiernos utilicen recursos públicos para promover la elección judicial.
A propuesta del consejero Arturo Castillo, se especificó que esta promoción es competencia exclusiva del INE, conforme al artículo 134 de la Constitución, que ordena el uso de recursos públicos solo para fines institucionales.
El consejero Uuc-kib Espadas puntualizó que, durante las campañas, los gobiernos solo pueden difundir información sobre temas de salud, educación y protección civil. Cualquier otra propaganda debe suspenderse. En caso de que los gobiernos deseen apoyar la difusión de la elección, pueden ceder sus tiempos oficiales al INE.
Sin embargo, la consejera Norma de la Cruz defendió que, en este caso, los tres Poderes de la Unión, al ser los postulantes, deberían poder apoyar la participación ciudadana, respetando los límites legales. Su postura fue respaldada por algunos colegas, aunque la mayoría coincidió en que el uso de recursos públicos debe ser limitado.
Además, el INE incluyó restricciones a los funcionarios públicos que también sean candidatos, y estableció límites para la intervención de asociaciones religiosas y ministros de culto en la campaña.
