José Ma. Morelos
A más de tres años de que el Tribunal Agrario dictara una resolución favorable al ejido de Dziuché, los ejidatarios denunciaron que la sentencia no ha sido acatada por las autoridades federales, lo que ha generado una creciente tensión social en la zona.
David Gómez Tox, ejidatario del núcleo agrario, explicó que el Tribunal ordenó una indemnización de aproximadamente 6.7 millones de pesos a favor del ejido, monto que debía pagar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por afectaciones a tierras ejidales. Sin embargo, el Instituto Nacional de Bienes Inmuebles (INDABIN) redujo el avalúo a apenas 95 mil pesos, incumpliendo así la sentencia.
El conflicto tiene más de doce años y, pese a las diversas instancias legales agotadas, la resolución definitiva sigue pendiente. Gómez Tox subrayó que la falta de pago representa una falta de respeto al estado de derecho.
Además, el cambio en la directiva ejidal provocó la salida del abogado que llevaba el caso, y actualmente el ejido cuenta con representación legal de oficio, lo que ha ralentizado el proceso y debilitado la defensa de sus derechos.
El ejidatario advirtió que de no cumplirse la sentencia, los ejidatarios podrían retomar medidas de protesta, incluyendo el cierre de carreteras, como ocurrió hace dos años.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para que respeten la sentencia y advirtió que están dispuestos a llevar el caso hasta la Suprema Corte para exigir el pago que legalmente les corresponde.
