Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), ofreció disculpas públicas, a nombre del Estado mexicano, a Arturo Medina Vela, joven con discapacidad cuyos derechos fueron violados tras ser encarcelado injustamente en 2011.
Durante el acto de Reconocimiento de Responsabilidad de Estado, y en presencia del Arturo y de sus familiares, el funcionario se lamentó de los agravios cometidos que le restringieron el acceso a la justicia.
“A nombre del Gobierno de México, te ofrezco una disculpa sin condición alguna por los hechos que te afectaron a ti, a tu mamá, a tu familia. Una disculpa por los agravios que significaron la falta de garantía para acceder a la justicia plenamente ante la autoridad judicial en la Ciudad de México (CDMX)”.
Y es que el 14 de septiembre del 2011, Medina fue aprehendido por la policía de la CDMX acusado de haber cometido robo a un vehículo. Al ser remitido al Ministerio Público, su madre acreditó con documentos oficiales la discapacidad mental permanente que padecía su hijo.
Pero una autoridad psiquiátrica determinó que el adolescente padecía de un trastorno social de personalidad y posible retraso mental, por lo que no se le consideró apto para declarar y se ordenó su traslado al Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial.
De esa manera, el 5 de diciembre del 2011, el joven fue condenado a cuatro años de prisión por el delito de robo; esto sin que Arturo tuviera oportunidad de comparecer en alguna audiencia. Por esa razón, Encinas, en la tarde del lunes, también ofreció perdón por el trato degradante recibido en su momento de la autoridad capitalina.
“Una disculpa pública por el trato degradante que significó la forma en que la autoridad de procuración e impartición de justicia de la CDMX incurrió en tu agravio hace una década (…) Arturo se le aplicó un procedimiento discriminatorio porque le restringieron su derecho a un debido proceso a la igualdad de condiciones”.
Asimismo, el subsecretario destacó la relevancia del encuentro, pues representa el primer dictamen que México emitió por parte de la Comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de las personas con discapacidad.
“Es un llamado urgente de las Naciones Unidas para que México atienda a cientos de miles de personas con discapacidad que no tienen plena garantía de acceder a la justicia (…) Estamos obligados a que actúen”, aseveró.
Por su parte, Ernestina Godoy, Fiscal General de la Ciudad de México (CDMX), aceptó que el caso de Arturo dejó en evidencia los mecanismos obseltos y prejuiciosos de aplicar la ley mexicana.
Además, aseguró que se revelaron prácticas violatorias a la presunción de inocencia, debido proceso y falta de enfoque diferenciado y de derechos humanos en agravio de las personas con discapacidad psicosocial.
“Tu lucha, la de tu familia y la de la Organización evidenció las bajas capacidades institucionales de los sistemas de seguridad pública, procuración, impartición de justicia y reinserción social”
