Agencias

El gabinete de seguridad del gobierno federal descubrió una red de políticos del PVEM, PRI, PRD, PT y Morena, además de funcionarios de la Fiscalía de Quintana Roo que supuestamente protegen y colaboran con la mafia rumana dirigida por Florian Tudor, «El Tiburón», dedicada a clonar tarjetas bancarias de turistas, al tráfico de personas para la explotación sexual, así como a la extorsión a comerciantes.

De acuerdo con información de inteligencia obtenida por Milenio, en esa red de protección estaban los exgobernadores priistas de Quintana Roo Félix Arturo González Canto y Roberto Borge, así como diputados del PVEM y exalcaldes priistas y perredistas del estado, incluido Benito Juárez, cuya cabecera municipal es Cancún. De igual modo, hay operadores y militantes de Morena y del Partido del Trabajo.

Mediante un documento presentado en octubre de 2020 en el gabinete de seguridad, se destaca René Bejarano, líder del Movimiento Nacional por la Esperanza y exdiputado local en la Ciudad de México, ubicado por los servicios de inteligencia como uno de los principales nexos de Tudor.

Se explica que, a través de varios colaboradores, Bejarano usó Morena e, incluso, actuó con el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, para estafar a ciudadanos y empresarios de Cancún.

Según un mapa confidencial de vínculos y colaboradores presentado el 29 de octubre en la reunión del gabinete de seguridad, «El Tiburón», también conocido como «Rechinu», consiguió tejer en 14 entidades una red de funcionarios y empresas fantasma que, de acuerdo con información del FBI y la DEA, le permitieron operar en por lo menos 15 países. Cabe señalar que el centro de sus operaciones es Cancún.

La presencia de políticos de todos los partidos destaca en la red de contactos del capo rumano. Del Partido del Trabajo y Morena se identificó a José Luis Jonathan Yong Mendoza, aspirante a diputado local de Quintana Roo por Morena, así como hijo de José Luis Yong Cruz, a quien las autoridades relacionan con el tráfico de indocumentados cubanos, y pareja sentimental de Silvia Susana González Franco, quien trabajó en la Procuraduría General de la República (PGR) de 2006 a 2011.

En la lista de conexiones también resulta notoria la presencia de políticos provenientes del Partido Verde Ecologista de México. Como muestra de ello, se incluye a José de la Peña Ruiz de Chávez, actual diputado local en Quintana Roo por el PVEM (señalado por tráfico de influencias) y a Laura Lynn Fernández Peña, presidenta municipal de Puerto Morelos por el Verde.

De igual modo, por lo menos dos exalcaldes de Cancún se encuentran en la mira de las autoridades federales. Se trata del expresidente de Benito Juárez y diputado federal por Quintana Roo, Roberto Estrada Barba, de la alianza PRI-PVEM-Nueva Alianza, y Greg Sánchez, presidente municipal entre 2008 y 2010 y quien, según el informe al que Milenio tuvo acceso, «es acusado por el gobierno de Argentina de presuntos delitos de lavado de dinero y evasión fiscal por la compra en efectivo de un predio campestre cerca de Buenos Aires, valuado en dos millones de dólares».

El expediente de inteligencia incluye datos proporcionados por la DEA, que advirtió al gobierno mexicano que el comienzo de operaciones de las células rumanas data del sexenio de Félix Arturo González Canto, gobernador de Quintana Roo entre 2005 y 2011, quien colaboró para el establecimiento de dichos grupos criminales.

El exgobernador priista fue indagado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. En su gestión, la Auditoría detectó un desvío de fondos por 20 millones de pesos.

Posteriormente, Roberto Borge, exmandatario estatal ya preso, brindó protección a Tudor para que siguiera con sus operaciones.