Diario de Quintan Roo
Si bien han surgido muchos comentarios en cuanto al acuerdo emitido por el Gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, el pasado día 8 de los corrientes en el Periódico Oficial del Estado, en el cual se establece que la Secretaría deFinanzas y Planeación (Sefiplan) asumirá las funciones de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo, a fin de simplificar la administración pública centralizada de la entidad, lo cierto es que el mismo de ninguna manera ordena la desaparición de esta última dependencia.
Según se pudo corroborar, con base en lo inscrito en el documento en cuestión, el jefe del Ejecutivo no pretende la creación de una “supersecretaría” como se ha mencionado, sino que instruye a la titular de la Sefiplan, Yohanet Torres Muñoz, ante la salida de Manuel Alamilla Ceballos, a fungir como encargada del despacho de la Oficialía Mayor, lo que implica que deberá recibir no sólo los asuntos previstos en el Artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, sino los recursos humanos, materiales, financieros y demás que éste tenía a cargo, a fin de garantizar el debido funcionamiento de la dependencia.
En este sentido, es un hecho que en gran parte de los asuntos que se desarrollan en la Oficialía Mayor interviene la Sefiplan, por lo que con el fin de perfeccionar y simplificar los procesos administrativos, trámites y servicios que brindan ambas dependencias, resulta conveniente que los asuntos que se despachan de manera conjunta pasen a una sola, lo cual redundará en beneficio de los ciudadanos.
Al respecto, no se puede perder de vista que dicho acuerdo instruye a Torres Muñoz a realizar un diagnóstico que permita identificar las funciones, procesos y procedimientos que en su momento pudieran ser trasladados a la Sefiplan, el cual deberá remitir a la Secretaría de Gobierno (Segob), a fin de que su titular, en el ámbito de su competencia, incluya en la agenda de iniciativas que serán presentadas ante la XVI Legislatura del Congreso del Estado, una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo y demás ordenamientos que resulten necesarios, para dar cumplimiento al objetivo señalado en el acuerdo en cuestión.
Cabe destacar que tampoco se puede soslayar que el titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo será el encargado de materializar las iniciativas con proyecto de decreto que contendrán las propuestas de reforma a los ordenamientos legales correspondientes.
En síntesis, y lejos de lo que se está rumorando, el Gobernador ni está desapareciendo de un “plumazo” la Oficialía Mayor ni está atentando contra la división de Poderes, ya que lo único que pretende es tener las bases para presentar al Congreso del Estado una iniciativa que, en su momento, deberá ser analizada, discutida y, en su caso, aprobada por los diputados, es decir, lo que generalmente sucede en un sistema republicano y democrático como el nuestro.
