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Debido al incremento de casos de violencia doméstica en Yucatán, y a la inacción que provocó el COVID-19 en los Poderes Judiciales, un grupo de activistas piden que se reanude el sistema judicial para que así puedan concluir los procesos que implicaron algún caso de violencia contra la mujer.
De acuerdo con las denuncias, las mujeres del estado han quedado desprotegidas durante la actual pandemia pues muchos trámites y servicios del Poder Judicial como divorcios, medidas cautelares y atención a casos de violencia se han suspendido, no son prioritarios o son demasiado tardados, advirtió la organización feminista Equis: Justicia Para las Mujeres.
También informó que para mitigar los efectos de la pandemia, los Poderes Judiciales del país anunciaron la suspensión del servicio de impartición de justicia, reduciendo su operación solo a los casos que consideran urgentes. Sin embargo, el colectivo advirtió que esta situación podría agravar la violencia contra las mujeres si no se diseña o ejecuta una estrategia alternativa próximamente.
“Las mujeres son desproporcionadamente asesinadas en casa y violentadas por sus parejas y el aislamiento implica pasar más tiempo con sus agresores, lo que incrementa el riesgo de que sufran agresiones domésticas”, apuntaron en la investigación, citada por La Jornada Maya. “De 10 mujeres que atienden, seis quieren divorciarse o solicitar medidas cautelares de protección porque sufren violencia”.
El documento de la organización hace hincapié en la importancia de que las labores de los Poderes Judiciales no se paralicen en todos los casos.
“Los Poderes Judiciales tienen un rol importante que jugar en la prevención de la violencia de género, pues pueden, por ejemplo, ordenar medidas que protejan a la familia cuando una mujer quiere presentar una demanda contra su cónyuge; pueden garantizar el pago de los alimentos para que estos no sean utilizados para ejercer violencia económica; o pueden ordenar al generador de violencia que salga del domicilio familiar para detener la violencia. En la contingencia, es la obligación del Estado tomar medidas para que las mujeres víctimas de violencia tengan acceso a mecanismos de protección”, puntualizaron.
Rebeca Casanova, integrante de Apis Sureste, APIS Sureste Fundación para la Equidad, indicó que esta emergencia sanitaria ha evidenciado que el Poder Judicial no ha llegado a la vanguardia respecto a sus sistemas electrónicos de consultas y citas, pues han pasado más de tres días sin sistemas, lo que a su vez impide revisar los expedientes que ya están abiertos.
“Sólo se están recibiendo citas para meter inicios de procedimientos, por lo que tienes que hacer una solicitud en línea, pero tardan en responder, todo esto generó una incertidumbre. El propio juzgado está rebasado”, afirmó la activista, pues ha asegura que ha acudido a juzgados y muchas veces sólo laboran dos o tres personas en atención al público.
También señaló que se han complicado las peticiones de pensión alimentaria, exigencia de medidas de protección, y otros trámites importantes.
Por su parte, el Poder Judicial informó este 9 de julio que como medida de prevención ante el elevado número de contagios que continúan en toda la entidad, implementará en primera instancia, del 13 de julio al 9 de agosto, un sistema de guardias presenciales para atender asuntos urgentes y proteger la salud de todas las personas que acuden a los edificios de la institución, por lo que durante dicho periodo no correrán plazos jurisdiccionales ni administrativos y tampoco se celebrarán las audiencias programadas para dichas fechas.
